Para ser profesor de religión en la provincia de Málaga hay que pagar una tasa al arzobispado, un impuesto que da permiso para impartir esos contenidos dentro de un aula. Lo ha denunciado la Federación de Profesores de Enseñanza Religiosa. Todos los docentes de religión de la provincia reciben una carta del arzobispado. En la misiva, los responsables de la Iglesia malagueña se lamentan del precario estado de sus cuentas y de su mala fama de potentados, tan lejos de la realidad de «su precaria economía». Parece ser que si el Estado decidiera eliminar la asignatura de religión, el arzobispo malagueño tendría problemas para llegar a fin de mes.
Según el sindicato de profesores; el que no paga, no trabaja. No importa que sean buenos transmitiendo conocimientos, que sus alumnos los valoren, que tengan motivación a la hora de ejercer la enseñanza. Eso da igual. Lo que no parece comprensible es que sea la Iglesia la que decida quién puede o no dar clase.

La Iglesia católica española lleva hasta sus últimas consecuencias el dicho popular de «quien no llora, no mama». Las recaudaciones sin impuestos que realizan durante las misas no son suficientes. Tampoco el dinero que el Estado se encarga de recaudarles a través de la casilla de la declaración de la renta. Para alcanzar la vida eterna hace falta llevar a cabo grandes inversiones en la vida terrena.

En el verano del 2001 saltó a las portadas de los periódicos el escándalo Gescartera. El arzobispado de Valladolid perdió unos cuantos millones de pesetas. El dinero que debía «bienaventurar» a los más necesitados andaba dando saltos por el infierno financiero. El ecónomo vallisoletano buscaba una rentabilidad que no era de este mundo. Y no lo fue. Lo más curioso del caso es que la juez Teresa Palacios reclamó al arzobispado las cuentas del ejercicio 2001 y 2002 y el arzobispado se negó a entregarlas. Alegaron que se acogían al Concordato, ese acuerdo alcanzado por el Estado español con la Santa Sede que sirve para un roto y para un descosido.

La Iglesia española es la envidia de la mayoría de sus hermanas europeas. Recibe al año decenas de millones de euros; una contribución que hacemos todos los españoles, a pesar de creer o no creer en ella. Según la Constitución española el Estado es aconfesional. Eso quiere decir que no se decanta por ninguna confesión religiosa o que trata a todas por igual. Pero a la hora de la verdad, paga religiosamente. Para que la Iglesia cobre una asignación del Estado quizás habría que cambiar la Constitución. Pero esa es otra historia.

En la actualidad, el Gobierno y la Conferencia Episcopal están negociando los asuntos del dinero. Es posible que al día siguiente de la manifestación contra los matrimonios homosexuales se sentaran en su mesa de negociación. Y los representantes episcopales llegaron a negociar con una buena prueba de fuerza. Algo muy importante en cualquier negociación que «se precie».

Los profesores de religión malagueños tienen que recortar un trocito de su nómina para mantener el trabajo. También es posible que para ser contratados tengan que presentar una copia de su declaración de la renta. Simplemente para comprobar que no han señalado la casilla donde se dice que aportan un porcentaje de sus impuestos para gastos sociales. El Estado debería intervenir en este asunto y poner las cosas en su sitio, porque hay situaciones en la vida en las que no es bueno codiciar los bienes ajenos.

Información extraida de: El Mundo

Esta noticia fue publicada el 27 julio 2005 a las 7/27/2005 12:31:00 PM.
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