Las reformas sociales del Gobierno han levantado ampollas entre varios jueces que dudan de su constitucionalidad.
El ala progresista defiende las nuevas leyes.

Las dos reformas legales emprendidas por el Gobierno para defender los derechos de los homosexuales y combatir la violencia sexista han levantado ampollas en el sector conservador de la judicatura. De momento, tres jueces de Dénia (Alicante), Telde (Gran Canaria) y Burgos han paralizado expedientes matrimoniales de parejas gays. A su juicio, las bodas entre personas del mismo sexo están fuera de la Constitución. Mientras, otra juez de Murcia ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad hacia la ley contra la violencia doméstica, un texto que fue aprobado por unanimidad en el Congreso.

A >> Los jueces no pueden recurrir las bodas gays

La ley permite a los jueces dirigirse al Tribunal Constitucional (TC) si creen que alguna ley no se ajusta a la carta magna. Sin embargo, los magistrados sólo pueden interponer cuestiones de inconstitucionalidad --no recursos, que son exclusivos de otras instancias-- si están inmersos en un proceso judicial. En el caso de las bodas gays, los jueces se limitan a "tramitar un expediente matrimonial". Es decir, no tienen que dictar sentencia por lo que, según la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), no están habilitados para dirigirse al TC.
Otra cosa es la ley de la violencia sobre la mujer. En este caso, la juez que ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad sí que tiene que dictar sentencia ante un caso de malos tratos.

B >> Mayor pena para las agresiones sexistas

La ley contra la violencia doméstica castiga con mayor dureza las lesiones, coacciones y amenazas cuando el autor las comete sobre una mujer con la que tiene, o ha tenido, una relación sentimental. La pena es igual de dura si el autor o autora lesiona, en el ámbito del hogar, a una persona "especialmente vulnerable". Este caso se daría, por ejemplo, si una mujer golpea a su marido o novio paralítico.
Con la nueva legislación, las lesiones están penadas con prisión de entre dos a cinco años mientras que el delito de maltrato lo está desde los seis meses hsta un año. Desde que la ley entró en vigor, las amenazas y las coacciones ya no son falta sino delito.

C >> Una magistrada critica la discriminación positiva

La titular del juzgado de lo penal número 4 de Murcia, María del Carmen Poza Cisneros, ha sido la primera que, a la hora de dictar sentencia en un caso de malos tratos, ha levantado su voz contra una ley que ella considera injusta. Poza Cisneros ha tramitado una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
A juicio de la magistrada, todos los delitos de agresiones domésticas deberían ser castigados con la misma dureza independientemente de si la víctima es hombre o mujer. La juez paralizó su sentencia y esgrimió que la pena impuesta al culpable es más alta que la que debería poner en el caso de que la culpable fuera una mujer. Esta situación, en su opinión, es contraria al artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley.

D >> "Pleno derecho" para las dudas judiciales

Jueces conservadores y progresistas creen que la magistrada de Murcia está "en su pleno derecho" de interponer una cuestión de inconstitucionalidad. En este caso, la juez tiene que dictar sentencia y, por lo tanto, la ley la ampara.
"Muchos magistrados muy solventes llevan tiempo diciendo que el aumento de las penas para hombres agresores es algo que ofrece dudas", reconoce el portavoz de JpD, Edmundo Rodríguez. La asociación progresista, sin embargo, cree que la ley de violencia de género se ajusta plenamente a la Constitución porque no eleva las penas para los hombres en general sino sólo para los agresores de mujeres.
El Gobierno, por su parte, apoya incondicionalmente el texto --aprobado por unanimidad en el Congreso el pasado diciembre-- y afirma que la juez de Murcia "ignora la realidad social de una tragedia como la de la violencia doméstica".

E >> El Constitucional tendrá la última palabra

El Tribunal Constitucional (TC) es ahora el que tiene que decidir si la ley antimaltrato se ajusta o no a la carta magna. Primero de todo, el TC tiene que admitir a trámite la cuestión presentada por la juez de Murcia. Una vez superado ese primer paso, el tribunal tendrá que emitir su opinión. Puede tardar unos dos años en dictar sentencia.
Mientras tanto, la ley antimaltrato sigue vigente. Los jueces pueden seguir aplicándola como hasta ahora. En caso de que el TC la declarara anticonstitucional, "se tendrían que revisar todas las sentencias emitidas en casos de malos tratos", reconoce el portavoz de JpD. Sin embargo, en su opinión, el TC no la considerará anticonstitucional.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, recordó que el organismo ya dudó de la constitucionalidad del texto antes de su aprobación parlamentaria.

F >> División de opiniones en las bodas gays

La responsable del Registro Civil de Dénia y titular del juzgado número 3 de la localidad alicantina, Laura Alabau, paralizó la boda entre dos lesbianas a finales de julio y anunció una cuestión de inconstitucionalidad a la ley que regula el matrimonio gay. Días más tarde, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Telde, en Gran Canaria, hizo lo mismo con tres parejas gays. La última en subirse al carro de los rebeldes ha sido la juez del Registro Civil de Burgos, maría Luisa Miranda.
En los tres casos, el portavoz de JpD afirma que los jueces "no tienen nada que hacer" porque el Constitucional "no admitirá a trámite sus peticiones". La Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, opina lo contrario.

Información extraida de: El Periodico

Esta noticia fue publicada el 21 agosto 2005 a las 8/21/2005 09:10:00 PM.
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