Creen que el derecho a renunciar es innegable y el conflicto es de forma

Diversos juristas que asesoran al Arzobispado de Valencia -forman parte del Consejo Diocesano de Asuntos Jurídicos- argumentaron ayer que la raíz del conflicto sobre la apostasía no es el derecho a renunciar a la fe, algo que consideran innegable, sino la forma de llevarlo a cabo. «Lo que hay que hacer es buscar un procedimiento adecuado, que recoja una manifestación realizada indubitablemente por la persona solicitante y con plena conciencia», afirmó a este diario Juan Manuel Llopis. Una solución podría ser un libro de apostasías o un archivo de estas con un sistema de gestión informático, aventuró Rafael Gómez-Ferrer.


Como desveló Levante-EMV el pasado miércoles, el arzobispado ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional diversas resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos que instan a la curia a anotar en los libros eclesiásticos que los apóstatas han ejercido «su derecho de cancelación».
Los solicitantes exigen expresamente en sus escritos que todos sus datos personales «sean eliminados a todos los efectos de todos los ficheros [eclesiásticos], y especialmente de los libros parroquiales». Los juristas ven esta reclamación inviable. El notario Gómez-Ferrer lo compara con intentar destruir un testamento: «Puede haber otro documento que revoque o modifique el anterior, pero no se puede eliminar. Los hechos no se pueden hacer desaparecer».
Protección de Datos, en efecto, no insta al arzobispado a borrar los datos, sino a dejar constancia de la apostasía en los registros de bautismo. Sobre esta cuestión, Gómez-Ferrer entiende que es algo interno de la Iglesia que, como propietaria y responsable de los libros, puede decidir qué anota.
A pesar de estas manifestaciones, uno de los impulsores del movimiento apóstata en Valencia, Albert Villanova, creador de la web apostasia.es, replicó ayer que el arzobispado no ha planteado desde el principio del conflicto ningún procedimiento alternativo. «Se ha limitado a rechazar todas las peticiones», dijo.
Y subrayó que no todas las diócesis operan igual, en contra de lo que defiende la Conferencia Episcopal. Burgos, puso como ejemplo, tiene un registro de bajas -algo similar a lo que plantean los asesores de la curia- y Cuenca envía un certificado a los solicitantes de que ha quedado anotada su cancelación en el libro bautismal.
Villanova se pregunta asimismo sobre la importancia de la decisión -libre, pensada y con conocimiento de causa, asegura el episcopado- por qué no se piden tantos requisitos para entrar. «Parece que pase lo mismo que en las compañías de telefonía, donde apuntarse es fácil, pero darse de baja causa muchos problemas», aseveró.

El Gobierno dice que es un asunto interno

El Gobierno central considera que el conflicto sobre la apostasía es «un asunto interno» de la Iglesia católica española y no tiene ninguna intención de inmiscuirse. Que los tribunales decidan fue la postura que fuentes de la dirección general de Asuntos Religiosos, dependiente del Ministerio de Justicia, vinieron a expresar ayer a este diario. Tomar una postura, añadieron, sería entrar en cuestiones propias de la Iglesia. Son otros órganos administrativos y judiciales, según esta lectura, los que deben determinar si los derechos civiles de los apóstatas están garantizados.
La posición coincide plenamente con la manifestada hace unos meses por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados, cuando Izquierda Unida presentó una proposición no de ley para regular un procedimiento ágil y sencillo que garantizara la voluntad de aquellos que quieren ser borrados de los registros eclesiásticos. La propuesta fue rechazada con los votos de PSOE y PP. Fuente

Esta noticia fue publicada el 08 enero 2007 a las 1/08/2007 12:52:00 PM.
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